El gobierno de Pedro Sánchez ha descartado prohibir explícitamente la participación de ningún proveedor de equipamientos de red en los despliegues de red 5G en España. En este sentido se suma a la postura adoptada por Alemania y se desmarca de las decisiones de otros estados europeos que han vetado formalmente a la firma china Huawei. No obstante, informa Europa Press, se elaborará una lista de suministradores de tecnología que identificará el nivel de riesgo de cada firma de cara a su posible exclusión en alguna parte o la totalidad de las redes.

La medida forma parte del anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G que el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado hoy a audiencia pública, si bien había sido anticipada ayer en una respuesta a la pregunta parlamentaria sobre el tema formulada por el grupo Vox en el Congreso. El anteproyecto constituye una transposición al marco legal español de la denominada ‘caja de herramientas’ consensuada por los estados miembros de la Unión Europea para mitigar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos estratégicos en los despliegues de redes 5G.

La norma propuesta especifica que las operadoras de red deberán llevar a cabo un análisis adecuado del nivel de riesgo de cada suministrador y la gestión del mismo a lo largo de toda la cadena de aprovisionamiento, desde la garantía técnica de funcionamiento y la protección frente a ataques hasta la limitación de su exposición a injerencias de terceros. Las compañías deberán renovar dicho análisis cada dos años. Por su parte, el gobierno deberá revisar cada seis años el Esquema de Seguridad de Redes y Servicios 5G.