La economía digital mundial ha experimentado un enorme crecimiento en el último decenio gracias a las inversiones en redes de telecomunicaciones, a la creciente adopción del smartphone y a las innovaciones en servicios en prácticamente todos los sectores, desde medios de comunicación hasta venta al por menor.

Con todo, también se ha observado durante los últimos años una creciente hostilidad contra las nuevas tecnologías, fomentada por los temores en torno a la privacidad, la seguridad de los datos y la difusión de información errónea, agravados por escándalos de gran calado (por ejemplo, el de Cambridge Analytica). Por otra parte, el poder adquirido por un puñado de grandes empresas ha comportado que los responsables políticos y organismos reguladores de la competencia de todo el mundo hayan investigado las operaciones y modelos de negocio de estas. Ahora mismo son muchos los organismos públicos que investigan las actividades de dichas firmas, así como los efectos económicos, políticos y sociales de su prominencia en el panorama digital.

Los gobiernos y organismos reguladores tienen que hacer frente a un malestar que crece cada vez más. En la Unión Europea (UE), la ley que ocupa el centro del debate es la Directiva sobre Comercio Electrónico adoptada en 2000, cuando aún no existían Facebook, el iPhone ni la 4G. De acuerdo con ella, las firmas que operan en Internet no son responsables del contenido ilegal alojado en sus plataformas. Están obligadas a eliminar el contenido identificado como ilegale, pero no a ejercer una supervisión activa sobre los mensajes de los usuarios. Los gigantes de la tecnología entienden que dichas disposiciones son una de las piedras angulares del espacio digital, al igual que una disposición similar en el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones estadounidense (1996) que las exime de toda responsabilidad como editores de los contenidos de terceras partes.

La Comisión Europea (CE) publicará el 9 de diciembre, tras varios meses de trabajo, una versión preliminar de su emblemática Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés). Supondrá una revisión de la citada Directiva de Comercio Electrónico, que comportará la atribución de mayores responsabilidades a las plataformas.

Una mayor carga de responsabilidad sobre las plataformas: ¿Qué podría proponer la Comisión?
La CE se ha envalentonado con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés) y tiene en su punto de mira a organizaciones diversas, como por ejemplo tiendas en línea, buscadores y proveedores de computación en la nube. Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva, ha declarado que el inminente proyecto de ley exigirá que todos los actores con presencia en la red “actúen con transparencia en la configuración del mundo digital que vemos”. Probablemente, las normas propuestas en la DSA abarcarán múltiples cuestiones:

• Alcance de las responsabilidades: Clarificación en el alcance de las responsabilidades de los proveedores de servicios digitales sobre los contenidos generados por el usuario y alojados en sus plataformas.
• Moderación de contenido: Mayor responsabilidad de los proveedores en el control de dicho contenido, lo que comportará la obligación de informar sobre las medidas adoptadas para eliminar material ilegal.
• Principio del Buen Samaritano: Exención de responsabilidades para los proveedores que adopten medidas proactivas a fin de eliminar contenidos ilegales.
• Transparencia: Exigencia de que los proveedores informen sobre los criterios aplicados por sus algoritmos para decidir qué información y qué productos deben recomendar y cuáles deben ocultar, y sobre la compilación de las clasificaciones en las búsquedas.
• Sanciones: Introducción de sanciones, como por ejemplo multas, por incumplimiento reiterado de las obligaciones relativas a la gestión de contenidos ilegales en línea.

La supervisión de la Directiva de Comercio Electrónico por parte de la Comisión es oportuna, en particular porque varios Estados miembros ya han impulsado estrategias nacionales para la regulación de prácticas relativas al contenido y la seguridad de los usuarios. Si bien se espera que los intermediarios sigan gozando de las exenciones actuales, las plataformas se enfrentarán a una mayor vigilancia sobre la gestión de contenidos ilegales, y la posibilidad de que se les impongan multas cuantiosas se volverá efectiva. El cumplimiento de obligaciones más estrictas podría suponer una dificultad para algunas firmas, como por ejemplo las que gestionan servicios de mensajería cifrada.

Las medidas propuestas en la DSA podrían introducir mejoras en la moderación del contenido digital en la UE y proporcionar un marco más amplio para la lucha contra materiales ilegales (más que nocivos). La Comisión pugnará por evitar la censura y los recortes a la libertad de expresión, mientras que la aplicación de distinciones claras entre diferentes tipos de contenido facilitará a los proveedores una muy deseada seguridad jurídica. Por otra parte, la información sobre la identidad de las firmas que pagan por publicidad hipersegmentada y sobre el uso de datos personales debería beneficiar al consumidor, en tanto que servirá a la defensa de sus derechos y le ofrecerá más opciones sobre el contenido digital.

Regulación de los actores digitales: ¿Qué más se vislumbra para este año?
La Ley de Mercados Digitales (DMA por sus siglas en inglés)

Esta última ley, independiente de la DSA, tiene por objeto impedir la concentración de poder en la economía digital mediante normas ex ante para las plataformas que controlan el acceso, así como una posible Nueva Herramienta de Competencia (NCT por sus siglas en inglés). La aprobación de la DMA podría tener repercusiones sobre millones de ciudadanos y empresas, y probablemente será una de las iniciativas legislativas en materia tecnológica que marcarán el ciclo político actual en Europa y tal vez se harán sentir sobre toda una generación.
El proyecto de medidas ex ante tiene como objetivo promover la competencia en los mercados digitales y resolver los problemas derivados de las posiciones de control de acceso ya establecidas. Al dotarse de un marco jurídico específico, la Comisión podrá impedir prácticas comerciales desleales y ejercer una supervisión más eficaz sobre los actores en quienes se reconozca control de acceso. Por otra parte, la NCT servirá para abordar problemas ocasionados por la tecnología digital (por ejemplo, las prácticas monopolísticas) al tratar lagunas específicas en la aplicación de las leyes sobre competencia en mercados en los que, por ejemplo, las redes ejerzan un fuerte impacto, o el acceso a los datos tenga una gran importancia. El uso de la NCT debería regirse mediante un sistema de controles y contrapesos, y lo más probable es que no se utilice mientras no se demuestre la inefectividad de otros recursos legales y administrativos.

Actualización de las normas fiscales
En un contexto en el que la actividad económica está globalizada y cada vez más digitalizada, los países miembros de la OCDE y el G20 trabajan en la puesta al día de los principios fiscales fundamentales y aspiran a alcanzar una solución armonizada para finales de 2020. La revisión de las normas tiene por objeto cubrir las lagunas existentes y hacer que las grandes firmas tecnológicas se responsabilicen de sus obligaciones fiscales. Con todo, se ha criticado la lentitud con la que se llevan a cabo las reformas, y para postre los planes de la UE y de varios gobiernos nacionales para introducir nuevos gravámenes sobre los ingresos generados por servicios digitales podrían suscitar tensiones diplomáticas.

Perspectivas
Los responsables de la formulación de políticas son cada vez más conscientes de que el tratamiento que den a los actores de la economía digital y los instrumentos regulatorios que se les apliquen tienen que ser adecuados para salvaguardar el funcionamiento eficaz de los mercados y defender los intereses de consumidores y pequeñas empresas. La aplicación de normas concebidas para una economía física, no digital, ha dado lugar a disparidades en obligaciones reglamentarias entre las firmas tecnológicas y otras que operan en Internet. A medida que la economía en línea crece, se incrementan los desequilibrios.

Los acontecimientos más recientes en la Unión Europea podrían anunciar la llegada de un nuevo equilibrio. A ello se suman las investigaciones en curso sobre asuntos relacionados con la competencia y los recelos del público en todo el mundo, así como las directrices antimonopolio esbozadas en China, que se han convertido en un claro ejemplo de lo que podría ser una supervisión más estricta. Aunque el aumento del trabajo telemático y del uso de medios digitales en general impulsado por la Covid-19 (nuevo coronavirus) haya incrementado los beneficios de las grandes firmas tecnológicas, se vislumbra un nuevo paradigma de mercado digital, que apoyará la competencia justa y protegerá a los usuarios contra la difusión de contenido ilegal.

– James Robinson – analista principal, GSMA Intelligence

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