La Directiva de Servicios Digitales de la Unión Europea (conocida por las siglas inglesas DSA) ha superado el último gran obstáculo previo a su aprobación. En consecuencia, los proveedores de servicios en línea quedarán sujetos a nuevas regulaciones sobre persecución de actividades ilegales y restricciones a la publicidad personalizada.

Durante los últimos meses, la DSA ha superado los trámites legales que se exigen a los proyectos de ley de la Unión Europea, como la aprobación en el Parlamento Europeo, y el Consejo Europeo ha procedido a su ratificación definitiva el día 4 de octubre.

Los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo firmarán el documento y a continuación se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La ley entrará en vigor quince meses después de dicha publicación.

Las asociaciones de la industria de telefonía móvil GSMA y ETNO han acogido con satisfacción la DSA. Esta aspira a hacer frente a la promoción en línea de contenido y productos ilegales mediante la atribución de mayores responsabilidades a los grandes proveedores de plataformas, incluidas las empresas de búsqueda y las redes sociales.

Los proveedores deberán reaccionar “con rapidez, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales” en caso de publicación de contenido ilegal. Así mismo, se prohibirá la publicidad dirigida a niños basada en sus datos personales y se restringirá la que se fundamente en datos sensibles como el sexo, la raza o la religión.

La DSA también prohíbe las interfaces engañosas destinadas a confundir a usuarios de las redes sociales para que tomen “decisiones contrarias a su voluntad o preferencias, y potencialmente perjudiciales en relación con el tratamiento de sus datos personales”

Así mismo, comprende una serie de normas aplicables a los canales en línea a fin de combatir la venta de productos ilegales.

Opciones de búsqueda
La normativa también impone obligaciones específicas a “plataformas digitales y buscadores de grandes dimensiones”. Les exige que ofrezcan al usuario un procedimiento para obtener recomendaciones de contenido que no estén basadas en la elaboración de perfiles y que “analicen los riesgos sistemáticos que crean”.

Esta última cláusula comprende la evaluación de riesgos de difusión de contenido ilegal y la investigación de cualquier impacto negativo sobre los derechos fundamentales, los procesos electorales, la violencia de género y la salud mental.

La DSA complementa la Directiva de Mercados Digitales, aprobada por el Consejo Europeo en julio, que se publicará próximamente en el Diario Oficial.