La asociación que representa al sector de los puntos de intercambio de Internet (conocido por las siglas inglesas IXP) ha advertido de las posibles repercusiones negativas de una normativa que obligaría a los grandes proveedores de contenido a pagar a las operadoras por acceder a las redes en la Unión Europea.

La Asociación Europea de Intercambio de Internet ha remitido una carta a la Comisión Europea –que tiene previsto abrir consulta pública sobre dicha cuestión en 2023– en la que expresa su inquietud por varios elementos que se hallan en las propuestas de los proveedores de telefonía móvil a propósito de la financiación del suministro de conectividad a la red.

En referencia al principio llamado Sending Party Network Pays (SPNP, “la red emisora paga”), la asociación afirma que dicha política podría ser “perjudicial para el correcto funcionamiento de la conectividad a Internet y el mercado de interconexión, y distorsionar la competencia en el mismo”.

Además, afirma que la organización “cree que los responsables de la elaboración de políticas deberían proceder con sumo cuidado al valorar el modelo SPNP, a fin de no crear por accidente nuevas debilidades sistémicas en infraestructuras clave”.

Costes
En cuanto a los costes de despliegue de la red, citados por la industria de la telefonía móvil como una de las principales razones para un nuevo modelo de tarificación, la Asociación Europea de Intercambio de Internet ha declarado que “se mantiene neutral a propósito de la cuestión sobre si está justificado algún tipo de ajuste en las regulaciones”.

Con todo, expresa su creencia de que “los responsables de la elaboración de políticas deben otorgar prioridad absoluta a la protección de la integridad de las infraestructuras clave. No deberían efectuar ningún cambio en sus políticas, aunque sea con el objetivo de mejorar el rendimiento de las inversiones, si no están seguros de que dicho cambio no perjudicará los intereses de la Unión [Europea] ni del público en general.”

Dichas afirmaciones responden a las peticiones de las operadoras de telefonía móvil presentes en Europa para que se obligue a las grandes firmas tecnológicas, en su mayoría con sede en Estados Unidos, a contribuir a los costes de infraestructura de red, dada la elevada proporción de tráfico en redes causada por los usuarios que acceden a sus servicios.

En 2022, los organismos reguladores de la región expresaron su escepticismo sobre las propuestas de las operadoras de telefonía móvil, lo que también llevó a Google a defender su historial.