La Comisión Europea (CE) ha propuesto medidas legislativas que obligarían a los fabricantes de smartphones a adoptar un cargador común. Si se aprobaran, Apple tendría que adaptar sus dispositivos al USB-C que ahora usan sus rivales.

Las nuevas normas, en caso de adoptarse, afectarían a smartphones, tabletas, cámaras, auriculares, altavoces portátiles y consolas de juego portátiles.

Además de exigir que los dispositivos utilicen el USB-C, la directiva impondría una ley que estandarizaría la tecnología de carga rápida y daría al comprador la opción de elegir si desea un nuevo cargador al adquirir un dispositivo.

La CE lleva desde 2009 tratando de impulsar el uso de un único puerto de carga. Por aquel entonces la mayoría de los fabricantes aún usaba puertos específicos. Hasta ahora, el organismo se ha contentado con la colaboración voluntaria de los fabricantes, y afirma que el número de alternativas en uso se ha reducido de las treinta de entonces a las tres actuales.

Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Europa en la Era Digital, añade en una declaración que “los consumidores europeos llevan tiempo molestos por la acumulación en sus cajones de cargadores incompatibles”.

“Hemos concedido a la industria tiempo suficiente para que presente sus propias soluciones. Ahora ha llegado el momento de emprender una acción legislativa por un cargador común. Es una victoria importante para el consumidor y el medio ambiente, y en línea con nuestras ambiciones ecológicas y digitales.”

Entre las marcas más vendidas, Apple destaca por seguir utilizando un sistema de carga propio.

La imposición de un cargador común por parte de la CE se enmarca en una campaña para reducir los residuos electrónicos. Se calcula que los cargadores desechados y no utilizados suman 11.000 toneladas al año.

Las medidas propuestas tan solo adquirirán fuerza de ley cuando reciban la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo y sean transpuestas por cada uno de los estados miembros.

Si se aprueban, los fabricantes estarán obligados a aplicarlas en un plazo de dos años.