Las autoridades estadounidenses han intensificado su campaña contra Huawei. La han incluido en una lista de empresas a las que se prohíbe adquirir componentes a firmas de Estados Unidos y han emprendido ciertas actuaciones encaminadas a vetar el uso de su equipamiento en las redes de telecomunicaciones del país.

La incorporación a la citada lista, decidida por el Departamento de Comercio (DoC), impide que la empresa fabricante china adquiera componentes de firmas estadounidenses, a menos que medie una licencia especial. Se trata de una restricción similar a la que se aplicó a ZTE en 2018, con graves consecuencias para esta última firma.

En una declaración, el DoC afirma que ha adoptado dicha medida porque dispone de información que ofrece “una base razonable para concluir que Huawei participa en actividades nocivas para la seguridad nacional de los Estados Unidos, o para sus intereses en política exterior”. Según el DoC, una parte de dichas actividades figuran en una investigación del Departamento de Justicia sobre presuntas violaciones de sanciones.

El secretario del DoC, Wilbur Ross, ha explicado que dicha actuación pretende contrarrestar “la amenaza que entrañan los adversarios extranjeros para la cadena de suministro de servicios y tecnologías de la información y telecomunicaciones del país”.

Sin embargo, Huawei ha contestado con el argumento de que las restricciones impuestas a sus actividades comerciales en Estados Unidos no harán que este último país se vuelva “más seguro ni más fuerte”. Ha añadido que está “dispuesta a colaborar” con el gobierno estadounidense para “idear medidas efectivas que garanticen la seguridad” de sus productos.

Orden ejecutiva

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que declara que las amenazas contra la cadena de suministro de tecnologías de la información y telecomunicaciones estadounidenses suponen una emergencia nacional. La medida adoptada prohíbe explícitamente las transacciones que involucren equipos o servicios provenientes de firmas a las que se considera peligrosas para la seguridad nacional y otorga a la DoC un plazo de 150 días para establecer un proceso de supervisión de los acuerdos referidos a dichas transacciones.

Si bien la orden no hace mención explícita de Huawei, hace tiempo que el gobierno estadounidense busca la imposición de restricciones a dicha firma.

En agosto de 2018, el presidente dio un paso en esa misma dirección al firmar un proyecto de ley de gastos que impide que los organismos oficiales y contratistas que trabajen con el gobierno utilicen equipamiento suministrado por los proveedores chinos Huawei y ZTE.