¿Qué hacen los organismos reguladores frente a la Covid-19?

El mundo ha sufrido una espectacular transformación en tan solo unas semanas. Los gobiernos han ordenado el cierre de instituciones educativas, lugares de ocio y oficinas a fin de contener la propagación de un nuevo virus, salvar vidas y proteger los sistemas sanitarios. Millones de personas han tenido que adaptar sus interacciones sociales y profesionales a la nueva situación, y usar asiduamente las redes de telecomunicaciones para contactar con familiares, amigos y colegas. El tráfico general de Internet ha aumentado, las horas punta de datos se han desplazado, los volúmenes de llamadas de voz han vuelto a crecer y ciertas soluciones de videoconferencia se han vuelto casi omnipresentes.

Hace poco analizábamos aquí mismo de qué modo las operadoras de telefonía móvil usan sus redes y negocios para atender a los clientes y las sociedades que padecen bajo la pandemia. Algunos de sus encomiables esfuerzos son la ampliación de las franquicias de voz y datos (por ejemplo, Telefónica y Veon) y el acceso gratuito a los servicios de educación y/o atención sanitaria (Airtel Uganda y Dialog Sri Lanka).

Los organismos que regulan las telecomunicaciones también han comprendido la importancia de una banda ancha rápida y fiable, y han actuado en consecuencia. Varias autoridades, como las de República de Irlanda y Sudáfrica, han asignado (provisionalmente) espectro adicional para ayudar a las operadoras a aumentar su capacidad, y Kenya ha acelerado la aprobación del proyecto Loon de Alphabet. Así podrá llevarse a cabo en una fecha próxima, en alianza con Telkom Kenya, el despliegue comercial de globos para acceso a Internet que ofrecerá cobertura 4G a comunidades remotas que antes carecían de servicio.

El BEREC y varios otros organismos reguladores efectúan un seguimiento de los cambios en los comportamientos en línea y la carga de la red, y Ofcom declara que ha adoptado un enfoque “pragmático” a fin de equilibrar las normas de protección del consumidor con la necesidad de garantizar que los ciudadanos sigan conectados.

Además, los gobiernos adoptan medidas fiscales y económicas sin precedentes para apoyar a la industria de las telecomunicaciones y asegurar que los precios no se conviertan en una barrera (aún mayor) para los consumidores. Se han adoptado medidas dignas de todo elogio para reducir los impuestos específicos del sector, estimular la inversión y permitir el uso de los servicios de dinero móvil (véase el gráfico a continuación, haga clic para ampliarlo).

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Tabla 1: Ejemplos de medidas adoptadas por las autoridades

Fuente: GSMA Intelligence

Con todo, la crisis ha puesto al descubierto cierto grado de vulnerabilidad. La Unión Europea se apresuró a solicitar a las plataformas de streaming, entre ellas Netflix y YouTube, que redujeran la calidad del vídeo para evitar la congestión de la red. Las ciudades grandes y densamente pobladas aún son focos de Covid-19 (nuevo coronavirus), pero puede ocurrir que ni siquiera una tasa de penetración de banda ancha superior al 90% impida que decenas de miles de personas se queden sin un servicio de Internet decente y fiable.

En áreas rurales, donde el daño causado por una mala conexión puede ser más grave, la cifra porcentual correspondiente suele ser muy inferior.

Políticas para después del coronavirus: ¿qué debería hacerse?

Durante la pandemia, las infraestructuras de telecomunicaciones han sido clave para mantener en activo las funciones clave de las administraciones y el suministro de información esencial para la sociedad. Los responsables de formular políticas han actuado con agilidad, pero deberán reforzar el apoyo a la industria una vez se regrese la normalidad, sobre todo debido a las perturbaciones en la cadena de aprovisionamiento y a los efectos financieros del cierre de tiendas minoristas y la caída de ingresos por itinerancia. Esto no significa abandonar principios normativos bien establecidos. Pero la fuerza de las cosas nos lleva al surgimiento de una relación renovada (simbiótica) en la que predominará el pragmatismo.

Uso del sector de telecomunicaciones para incrementar el PIB

La digitalización ha sido un factor atenuante de los efectos de la epidemia sobre la sociedad. Pero varios países ya están entrando en recesión y las operadoras tienen que atreverse a invertir en el fortalecimiento de las redes, a medida que la pandemia retrocede. Así, por ejemplo, el gobierno chino insta a las operadoras de telefonía móvil a poner en marcha programas de inversión en 5G, porque las redes de la siguiente generación pueden ser un motor de crecimiento fundamental para catalizar la innovación en todos los sectores verticales, incluidos los vehículos autónomos. Por su parte, el organismo regulador chileno ha actualizado las normas sobre antenas a fin de impulsar el despliegue de infraestructuras 5G mediante una reducción en los plazos de aprobación de los permisos. Los responsables políticos también deberían estudiar las posibilidades de las tecnologías digitales para contribuir a una recuperación económica ecológica al facilitar el trabajo y el estudio telemáticos, hacer funcionar ciudades inteligentes con bajas emisiones de carbono y ayudar a las industrias a lograr una mayor productividad y eficiencia energética.

Acelerar las asignaciones de espectro de 5G

Si bien varios países han pospuesto las subastas de espectro 5G, Nueva Zelanda ha anunciado asignaciones directas, a precio fijo, en la banda de 3,5 GHz. Dicha asignación se concederá por un período provisional hasta noviembre de 2022, pero significa que las tres principales operadoras disponen ahora de 60 MHz de espectro en la banda C y pueden, por tanto, acelerar los despliegues de 5G y la comercialización de nuevos casos de uso. Una noticia alentadora es que Finlandia mantiene su calendario de licitaciones de 5G y que el proceso se llevará a cabo en junio. Otros mercados europeos deberían seguir su ejemplo, y poner a punto el calendario y normas de las licitaciones para ofrecer certidumbre y no quedar a la zaga de pioneros como Corea del Sur y Estados Unidos. Las decisiones que se adopten en Nueva Zelanda y otros lugares sobre el espectro de la banda C deberán tener en cuenta los compromisos sobre inversión en bienes de capital que las operadoras están asumiendo ahora para los despliegues de 5G.

Apoyar la llegada de las operadoras a zonas rurales

La crisis ha incrementado la desagregación de la fuerza de trabajo, y ahora una mayor proporción de la actividad económica se realiza desde un estudio o un comedor. Como el teletrabajo será durante algún tiempo la norma para los oficinistas, los legisladores deberán seguir centrándose en la ampliación de la conectividad más allá de los centros urbanos. Las redes han resistido bastante bien en este período de dificultades, pero incentivar las inversiones en el sector privado será fundamental. Los responsables políticos deberán adoptar estrategias ambiciosas para hacer llegar servicios de banda ancha y alta velocidad a personas que carecen de ellos. Con dicho fin, deberán evitar cuellos de botella en las inversiones en bienes de capital y desembolsar con rapidez la financiación pública sin infringir la normativa sobre ayudas estatales. Tales retos pueden reforzar los argumentos a favor de compartir redes en marcos tales como la Shared Rural Network (Red Rural Compartida) del Reino Unido, a fin de crear sinergias y promover la inversión en banda ancha móvil en las zonas geográficas menos urbanizadas, al tiempo que se apaciguan las inquietudes en materia de competencia.

Interés por las comunidades con menos servicios

La conectividad es un aspecto fundamental de la vida moderna y su importancia va mucho más allá del entretenimiento y las redes sociales. Los responsables de las políticas deben ser conscientes de que el alcance de esta crisis agudiza las desigualdades entre los que están conectados y los que no. Millones de personas carecen de acceso a las redes de banda ancha móvil (3G o superior), o no disponen de conexión activa, a pesar de hallarse en un área con cobertura. Dichas personas se enfrentan a la Covid-19 sin los canales de información y herramientas de comunicación que muchos de los que viven en mercados desarrollados apenas si empiezan a apreciar. Una de las prioridades de los organismos reguladores tiene que ser la resolución de las deficiencias en cobertura y uso. La aceleración de la reducción de la brecha digital ayudará a los mercados a reconstruirse y hacer prosperar a las nuevas empresas, lo que favorecerá la recuperación económica y la creación de valor en el futuro.

Perspectivas

Aunque los restaurantes, tiendas y escuelas empiecen a abrir, el virus dejará su impronta en todos los niveles de la sociedad.

Ahora que los países miran al futuro, los legisladores tienen una oportunidad de aprovechar el potencial de las redes de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías, como la 5G, Internet de las Cosas y la IA, a fin de impulsar la regeneración y la capacidad de recuperación económica. Los organismos reguladores deberán garantizar la competitividad de los mercados, pero al mismo tiempo tendrán que ser pragmáticos y priorizar la colaboración con las operadoras para eliminar obstáculos a la inversión. El acceso generalizado a una Internet de alta calidad será fundamental para lograr economías inclusivas, promover la innovación y garantizar que los gobiernos puedan hacer frente a crisis futuras con mayor rapidez y eficacia.

– James Robinson, analista principal, GSMA Intelligence

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