Telstra ha aceptado pagar 50 millones de dólares australianos (más de 30 millones de euros) en concepto de indemnizaciones por haber infringido la ley australiana de protección del consumidor al recurrir a prácticas abusivas en la venta de líneas de pospago a clientes aborígenes.

La Comisión Australiana de Competencia y Consumo (conocida por las siglas inglesas ACCC) ha iniciado un procedimiento judicial contra Telstra, que reconoce una actuación “inadmisible” por parte del personal de ventas de cinco de sus tiendas. Entre enero de 2016 y agosto de 2018, los empleados implicados habrían persuadido a 108 clientes aborígenes para que firmaran contratos que no comprendían ni podían permitirse.

En las alegaciones conjuntas presentadas ante el tribunal federal, la operadora se ha mostrado dispuesta a abonar sanciones por un total de 50 millones de dólares australianos (unos 31 millones de euros), si bien la decisión última sobre dicha suma compete al tribunal.

Rod Sims, presidente de la ACCC, ha declarado que dicho caso “pone al descubierto conductas extremadamente graves de explotación” de la vulnerabilidad de los consumidores aborígenes. Señala que la operadora “no ha actuado con suficiente rapidez” para poner fin a dichas prácticas, lo que ha ocasionado “graves e innecesarias dificultades financieras” a los clientes.

El organismo regulador de la competencia observa que en algunos casos el personal de ventas manipuló las calificaciones crediticias, de modo que consumidores que no habrían superado la evaluación crediticia pudieron firmar contratos de telefonía móvil de pospago. El promedio de deuda por consumidor era superior a 7.400 dólares australianos (más de 4.500 euros).

Prácticas indebidas
La ACCC explica en su comunicado que la junta directiva de Telstra y los altos directivos no estaban al tanto de las prácticas abusivas y que la operadora ha reconocido que no contaba con sistemas eficaces para detectarlas ni impedirlas.

Añade que posteriormente Telstra ha adoptado medidas para condonar las deudas, efectuar reembolsos y reducir el riesgo de que semejantes prácticas se repitan.

Durante el mes de noviembre, la Australian Communications and Media Authority (Autoridad de Comunicaciones y Medios de Información de Australia, un organismo regulador) ha advertido a la operadora de que tiene que cumplir con sus obligaciones de precisión en la facturación, tras descubrir que lleva 12 años cobrando en exceso a casi 10.500 clientes australianos, lo que ha comportado un ingreso extra de 2,4 millones de dólares australianos (aproximadamente 1,5 millones de euros).