La compañía de telecomunicaciones saudí STC ha formalizado su participación en Telefónica, convirtiendo sus derivados financieros en acciones y alcanzando así el 9,97% del capital de la teleco española, una operación que se produce después de que STC obtuviera la autorización del Gobierno español para superar el 5% del capital, dado el carácter estratégico de Telefónica y sus vínculos con la defensa nacional.

Con esta nueva participación, STC ha anunciado que reclamará un asiento en el consejo de administración de Telefónica, un movimiento que consolidará su posición como uno de los accionistas de referencia de la compañía española.

Contexto de la operación

La toma de control por parte de STC se produce tras un viaje exprés de Marc Murtra, presidente de Telefónica, a Riad para reunirse con la cúpula de STC, controlada en un 62% por el fondo soberano de Arabia Saudí (Public Investment Fund, PIF). La irrupción de STC en el accionariado de Telefónica tuvo lugar en septiembre de 2023 con una inversión de 2.100 millones de euros.

Dicha entrada de STC en el accionariado de Telefónica provocó una reacción por parte del Gobierno español, que a través de la SEPI adquirió un 10% del capital para equipararse con CriteriaCaixa, que también había aumentado su participación hasta un porcentaje similar.

Nueva composición accionarial

Con esta nueva situación, el accionariado de Telefónica queda configurado con la SEPI controlando un 10%, CriteriaCaixa un 9,99% y STC un 9,97%, sumando entre estos tres accionistas el 29,96% del capital de Telefónica.

La autorización del gobierno español a la toma de control de la compañía por parte de STC se produjo el 28 de noviembre de 2023, activándose un plazo de seis meses para que STC convirtiera en acciones directas el 5% que poseía en Telefónica mediante derivados financieros, formalización que se ha producido una semana después.

¿OPA sobre el 100% del capital?

El Instituto de Consejeros Administradores (IC-A) ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue si la SEPI, CriteriaCaixa y la propia STC están obligadas a lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de Telefónica, considerando que podría haber una acción concertada entre estos accionistas para obtener el control de la sociedad. El IC-A insta a la CNMV a analizar si estos movimientos suponen una modificación del equilibrio de poderes en el consejo de administración.