Los directivos de la principales firmas tecnológicas fueron convocados en marzo pasado a una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, celebrada de forma virtual. Se les interrogó sobre los disturbios del 6 de enero en el Capitolio de Washington DC y sobre la cuestión, cada vez más acuciante, de la presencia de información falsa en Internet que alimenta el extremismo.

El término “información falsa” cubre dos ámbitos diferenciados: información errónea y desinformación. Mientras que el primero de dichos términos se refiere a contenidos engañosos o inexactos compartidos sin conocimiento de su falsedad, el segundo designa la propagación deliberada de falacias con la intención de causar daño. La información falsa en línea supone un reto para todos los países, no solo para Estados Unidos, y la actual pandemia de Covid-19 (coronavirus) ha exacerbado el problema.

Dado que algunas de las medidas concebidas para contrarrestarla pueden tener consecuencias no deseadas e incluso perjudiciales, se entiende que la colaboración entre el sector público y el privado será necesaria para abordar el problema a largo plazo.

La difusión de información falsa en internet: ¿Por qué suscita preocupaciones cada vez mayores?

La difusión de información falsa no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, ha cobrado una nueva dimensión con la llegada de Internet. Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), las llamadas fake news (noticias falsas) circulan en el ámbito digital con mayor rapidez que las noticias reales. Los canales en línea son instrumentos eficaces para la difusión de información falsa, por varios motivos:

• la escala alcanzada por las comunidades y plataformas digitales.
• la comodidad y la instantaneidad, sobre todo de los canales que pasan por el teléfono móvil.
• las herramientas tecnológicas y las técnicas que impulsan la viralidad, como bots, vídeos y deepfake (ultrafalsedades).
• la proliferación de contenidos generados por los propios usuarios, que a menudo no están regulados ni verificados.

Si bien una gran parte de la información que se encuentra en la red es fiable, el creciente volumen de información falsa conduce a que muchas personas puedan estar mal informadas, sobre todo los usuarios impresionables o menos conocedores de la tecnología. Los efectos de todo ello pueden ser peligrosos.

Además, la amplia gama de temas que abarca la información falsa en internet, como la política, el cambio climático, la religión y la salud, hace que las noticias falsas tengan una repercusión aún mayor. Como consecuencia, puede incrementarse la estigmatización y victimización de personas y comunidades afectadas, pueden producirse violaciones flagrantes de los derechos humanos, e incluso violencia. Con todo, podría decirse que el impacto más significativo y más generalizado es la pérdida de confianza en las instituciones y el entorpecimiento de los procesos democráticos, lo que podría tener consecuencias nefastas para la cohesión social y el desarrollo económico inclusivo.
Esto se ha puesto de manifiesto con la pandemia, que ha ido acompañada de una infodemia, una abundancia de presunta información que en algunos casos ha obstaculizado la adopción de medidas de control encaminadas a frenar la transmisión del virus.

En el caso de la industria de las telecomunicaciones, ha tenido una especial relevancia la errónea relación que se ha establecido entre el coronavirus que provoca la Covid-19 y la tecnología 5G. La difusión de información errónea al respecto ha provocado protestas, acoso a operarios y ataques incendiarios a las torres de telefonía móvil.

Repercusiones de largo alcance: ¿Cómo responden los responsables políticos y otras organizaciones?
Como era de prever, la lucha contra la información falsa se ha convertido en una prioridad para gobiernos y otras partes interesadas en todo el mundo. Como consecuencia, se han adoptado varias medidas, que en algunos casos tienen repercusiones sobre creadores de contenidos, plataformas, usuarios de Internet y operadoras de telefonía móvil. La GSMA publicará próximamente un informe en el que analiza la situación en cuatro mercados de Asia-Pacífico, donde los gobiernos encabezan los esfuerzos para combatir la información falsa en línea (véase el gráfico inferior, haga clic para ampliar). En la gran mayoría de los casos, el objetivo es mantener la cohesión social y proteger la integridad de las instituciones, así como a las personas y comunidades vulnerables.

Consideramos alentador que varias de las redes sociales, empresas tecnológicas y operadoras de telefonía móvil más importantes también hayan adoptado medidas, sobre todo en la región de Asia-Pacífico, que alberga algunas de las comunidades en línea más numerosas y que crecen con mayor rapidez. En Indonesia, la iniciativa Google News colabora con el Ministerio de Comunicaciones e Informática y con Mafindo –una asociación que lucha contra la difamación– en un programa de alfabetización en consumo de medios de comunicación que instruye al público en la detección de información falsa y bulos en Internet. En el transcurso de la pandemia, Twitter ha ampliado el uso del aprendizaje automático y de la automatización en general para detectar la difusión de contenidos potencialmente abusivos y manipuladores (por ejemplo, falsos tratamientos médicos) y marcarlos para su eliminación. Además, las operadoras paquistaníes usan tonos de llamada y SMS para difundir información sobre la Covid-19, y facilitan el acceso con tarifa cero a los sitios web de los organismos sanitarios.

Pero, aunque los peligros ocasionados por la distribución viral de información falsa sean ampliamente reconocidos, algunas iniciativas gubernamentales (emprendidas por lo general a posteriori) no carecen de consecuencias negativas, y estas últimas no deben subestimarse. Una intervención que debemos destacar son los bloqueos de Internet ordenados por las autoridades para controlar el flujo de información. Estos pueden minar la confianza de los usuarios en Internet y tener repercusiones sobre el avance de la economía digital, así como reducir la fiabilidad de algunos de los servicios gubernamentales en línea más importantes. También conllevan importantes costes económicos y sociales, así como un impacto negativo sobre la reputación y los ingresos de las operadoras de telefonía móvil.

Abordemos el problema a largo plazo: ¿qué deben tener en cuenta las partes interesadas?
Todos estos esfuerzos indican que las partes interesadas deberán colaborar en la lucha contra la información falsa en Internet. Gobiernos, plataformas de Internet, ciudadanos, agrupaciones ciudadanas y operadoras de telefonía móvil tendrán que desempeñar cada uno su propio papel a la hora de afrontar y gestionar este acuciante reto.

• Gobiernos: Dado que la información falsa que circula en la red puede erosionar la confianza en el Estado y las instituciones, y que esta cuestión adquiere una especial relevancia en la actual situación de pandemia, los gobiernos pueden crear departamentos especializados en dicha cuestión y promover campañas de concienciación que se dirijan al gran público, lo informen y lo tranquilicen.
• Redes sociales: Son uno de los principales canales de difusión de noticias falsas y tienen una importancia vital para hacer frente al problema. Probablemente tendrán que buscar un equilibrio entre la posibilidad de un debate razonable y abierto, y el peligro de que circule información imprecisa, o directamente nociva. Así mismo, deberán explicar con transparencia cómo y por qué se autorizan o retiran determinados contenidos.
• Operadoras de telefonía móvil: Se ha culpado erróneamente a las operadoras por la difusión de contenidos negativos en línea. Con todo, pueden efectuar una contribución positiva si adoptan los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las órdenes judiciales de denuncia y retirada de contenidos, y emplean sus propios canales para ayudar a sus clientes a encontrar información verificable y precisa.
• Ciudadanos y organizaciones ciudadanas: Los ciudadanos son el grupo más perjudicado por la información falsa (y también por las medidas desproporcionadas con que se trata de frenar su difusión), pero también pueden ser responsables de la propagación de falsedades. El gran público debe estar atento a dicha realidad y tener en cuenta la necesidad de verificar datos antes de compartir contenidos con sus comunidades en línea. Por otra parte, las asociaciones de ciudadanos pueden respaldar o impulsar iniciativas de mejora de la alfabetización digital entre sus miembros.

Dado que el volumen de información falsa que se encuentra en línea crece sin cesar, y que indudablemente los mecanismos de difusión se transformarán a medida que las tecnologías evolucionen, las consideraciones precedentes apuntan a la necesidad de un esfuerzo colectivo para hacer frente al problema y promover una experiencia digital más segura y enriquecedora para todos los usuarios de Internet.

– James Robinson – analista principal, GSMA Intelligence

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