El Consejo Europeo ha dado la aprobación definitiva al nuevo Código de Comunicaciones Electrónicas de la UE, que impone límites de precios, procedimientos de seguridad más estrictos y unas normas de asignación de espectro que, según el propio Consejo, facilitarán el despliegue de la 5G.

Era el único paso que faltaba para la aplicación del nuevo código, que entrará en vigor el día 20 de diciembre. Se proporcionará a las operadoras un calendario de aplicación de elementos específicos.

Los tres organismos legislativos de la UE han autorizado el código a pesar de las protestas de asociaciones de la industria y de las críticas contra varias medidas.

Algunas de las medidas impuestas son la obligación de conceder licencias de espectro para 20 años en los países de la UE; la legislación que garantiza el “acceso universal a Internet”; nuevas normas sobre las llamadas a servicios de emergencia, y precios máximos para las llamadas internacionales en la UE que serán de 0,19 euros por minuto y 0,06 euros por mensaje de texto.

También se aplicarán nuevas normas a empresas que hasta ahora no se veían afectadas por la legislación sobre comunicaciones, pero sí ofrecen servicios a través de Internet, como el servicio de mensajería Skype y la marca de Facebook WhatsApp.

Las competencias del ORECE (Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas, más conocido por las siglas inglesas BEREC) han sido actualizadas para que respondan a la nueva normativa.

Andrus Ansip (en la foto), vicepresidente de Mercado Único Digital de la Comisión Europea, ha afirmado en Twitter que las “nuevas normas responden a las necesidades de hoy y de mañana, y crean un entorno favorable a la inversión y la competencia que sentará las bases de la 5G en Europa”.

El Código de Comunicaciones Electrónicas estaba en curso desde 2016 y ha recibido diversas críticas durante el proceso legislativo, sobre todo por la duración mínima de las concesiones de espectro y por los poderes que atribuye a los organismos reguladores.

En junio, la GSMA se refirió a la propuesta legislativa como “un acuerdo de naturaleza política” que podría “obstaculizar el desarrollo de las redes en Europa”.