Según Reuters, las firmas inversoras que ostentan las participaciones más importantes en la operadora brasileña Oi, que actualmente se halla en una situación difícil, tratarán de mejorar la situación de la empresa en vez de preparar una venta a corto plazo de sus acciones.

Oi se acogió a la suspensión de pagos en junio de 2016, con deudas que por aquel entonces ascendían a 65.400 millones de reales brasileños (unos 13.500 millones de euros). A continuación estallaron disputas entre accionistas y propietarios de la deuda a propósito de la reestructuración de la firma. Uno de los acreedores era el propio gobierno brasileño.

Según la información más reciente, los inversores han suavizado sus posiciones, porque los obligacionistas han logrado hacerse con el control de la firma tras un largo período de incertidumbre. Se espera que Oi complete durante el 2018 una ampliación de capital por un valor de 4.000 millones de reales brasileños (unos 830 millones de euros), con lo que generaría fondos que podría invertir en telefonía móvil y banda ancha.

Pero, entre tanto, su situación operativa es mala (sus divisiones de telefonía fija, móvil y banda ancha se han encogido), en parte por el entorno competitivo y en parte por cuestiones macroeconómicas. Su negocio de televisión por cable ofrece buenos resultados y tiene un papel clave en sus ofertas de paquetes de servicios.
En sus resultados del segundo trimestre, Oi afirma que el declive en los ingresos generados por sus segmentos residencial y B2B se ha “suavizado”, debido a “la aceleración de la actividad comercial, los buenos resultados obtenidos con sus nuevas ofertas en los segmentos móvil y residencial, y las mejoras en la calidad del servicio que ofrece”.

La motivación de dicha estrategia, previsiblemente, es que una Oi revitalizada ofrecerá más valor a los inversores que si fuera débil, y les permitirá cosechar mayores beneficios al cabo del tiempo. La firma también se enfrenta a otras cuestiones, como unas multas de gran cuantía impuestas por los organismos reguladores y la resistencia a la reestructuración, que disminuirán su valor mientras no se resuelvan.

Oi ha programado una junta de accionistas para mediados de setiembre y Reuters entiende que servirá para tratar asuntos relacionados con el consejo de administración y los estatutos de la empresa, así como la legislación que afectaría a los posibles cambios en la dirección.