Telefónica, Masorange y Vodafone, los tres principales operadores de telecomunicaciones en España, junto con Digi, han iniciado una intensa campaña para presionar al Gobierno español y conseguir una reducción en la tasa del espectro radioeléctrico. Esta tasa, que grava el uso de las frecuencias de radio necesarias para servicios móviles como el 4G y el 5G, genera alrededor de 550 millones de euros anuales para las arcas públicas.

Las operadoras de telecomunicaciones españolas, que financian más del 90% de esta recaudación, argumentan que estas tasas son obsoletas y demasiado elevadas. A diferencia de otros países europeos, en España la propiedad de las frecuencias siempre permanece estatal, a pesar de estar asignadas a las compañías, lo que justifica el cobro de una tasa por su uso privativo.

La propuesta de reducción

La demanda principal de las operadoras es una rebaja del 30% en estas tasas. Con una recaudación anual cercana a los 550 millones de euros, esta reducción supondría un ahorro de más de 160 millones de euros anuales, dejando la cantidad total a pagar en torno a los 340 millones de euros.

El argumento principal presentado al Ministerio de Transformación Digital es que el importe de la mayoría de las tasas se fijó hace dos décadas, a principios de siglo, cuando el mercado de telecomunicaciones era más próspero y la rentabilidad de los servicios móviles era más alta.

Cambios en el mercado

En el documento transmitido a través de DigitalES, la patronal del sector, las operadoras explican que el volumen de ingresos del mercado de telecomunicaciones móviles se ha reducido prácticamente al 50% desde 2008. Paralelamente, la infraestructura de emplazamientos radioeléctricos se ha multiplicado por 1,5. Esta situación ha provocado una caída del 80% en el ingreso medio por cada nodo de radio, que es la infraestructura que utiliza el espectro radioeléctrico.

Postura del Gobierno

Según fuentes citadas por el diario Expansión, el Ministerio de Transformación Digital, dirigido por Óscar López, muestra comprensión hacia las demandas de las operadoras, reconociendo que las tasas españolas son elevadas en comparación con otros países europeos, donde a menudo son inferiores o inexistentes. Sin embargo, el Ministerio también argumenta que los precios medios de salida de las licitaciones de espectro en España han sido, en compensación, más bajos que en otros países del entorno.

El principal obstáculo para las operadoras radica en la posición del Ministerio de Hacienda, que no parece partidario de reducir la presión fiscal sobre el sector. Observadores del mercado apuntan que, ante la necesidad de aumentar la recaudación fiscal, Hacienda difícilmente aceptará una rebaja para unas compañías que todavía se consideran con capacidad económica suficiente.