La Unión Europea (UE) ha presentado una demanda contra China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el objetivo de anular una norma que, a su entender, impide que las empresas propietarias de patentes de telefonía móvil obtengan un pago adecuado por parte de los fabricantes.

La demanda se refiere a los llamados mandatos judiciales anti-demanda que están en vigor desde agosto de 2020 y que, según la UE, prohíben a los titulares de patentes iniciar acciones judiciales contra los fabricantes chinos desde otros países.

Se imponen cuantiosas multas por cualquier acción que se inicie en contra de la norma.

La UE afirma que las medidas cautelares restringen la capacidad de los propietarios de tecnologías clave –como por ejemplo las relacionadas con 3G, 4G y 5G– de obtener un pago adecuado por parte de las empresas, y se refieren explícitamente a los fabricantes de teléfonos móviles.

Cree que las empresas chinas utilizan dicha política para “beneficiarse de un acceso más barato o incluso gratuito a la tecnología europea”.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Comercio, ha añadido que “debemos proteger una industria tan dinámica como es la de alta tecnología de la UE, un motor de innovación que garantiza nuestro liderazgo en el desarrollo de futuras y novedosas tecnologías. Las empresas de la UE tienen derecho a reclamar justicia en términos equitativos cuando se produzca un uso ilegal de su tecnología.”

La presentación de la demanda constituye un primer paso dentro del procedimiento de resolución de diferencias ante la OMC. Tras su presentación, las partes tienen 60 días para tratar de resolver el desacuerdo. Si las conversaciones fracasan, la UE puede solicitar la designación de un panel de arbitraje.