El Parlamento Europeo ha concedido la aprobación definitiva al proyecto WiFi4EU, por el que las autoridades locales de los Estados miembros podrán solicitar un porcentaje de un fondo de financiación de 120 millones de euros para costear la instalación de Wi-Fi gratuito en espacios públicos.

Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales de la Comisión Europea (CE), afirma que dicho programa es “un paso concreto con el que se quiere ofrecer resultados a todos los ciudadanos de la UE”.

Se espera que las autoridades regionales presenten solicitudes para recibir una parte de dicho fondo antes de que termine el 2017.

El dinero se asignará a las autoridades del bloque económico que se considere más necesitado, bajo la forma de bonos que cubrirán los costes de instalar equipamientos en espacios comunitarios tales como bibliotecas y plazas públicas.

La CE anunció WiFi4EU en setiembre del 2016, y desde entonces la propuesta ha pasado por un largo proceso de aprobación, que ha requerido el beneplácito del Consejo Europeo, integrado por los Estados miembros.

El Parlamento Europeo ha estampado su sello definitivo el día 25 de octubre. Como consecuencia, el proyecto quedará registrado en el boletín oficial de la UE y adquirirá fuerza de ley.

Grandes esperanzas

La aprobación de la propuesta ha tenido lugar un día después de que Jan Droge, director del BCO (Broadband Competence Office, Departamento de Competencia en Banda Ancha), apuntara que WiFi4EU ejercerá un impacto notable sobre la conectividad en zonas empobrecidas, las primeras beneficiarias de la distribución de fondos.

Droge ha declarado en el Broadband World Forum de Berlín que dicho programa es “un nuevo mecanismo de ayuda muy innovador. Facilitará la conectividad en espacios públicos de poca extensión”.

El BCO es un organismo creado por la UE con el objetivo de asesorar y ayudar a los Estados miembros que tienen problemas con los aspectos tecnológicos y logísticos de la instalación de banda ancha en fibra, por ejemplo al tratar de garantizar la financiación y la colaboración con los organismos reguladores.