Una importante política francesa ha confirmado que su país no seguirá el modelo alemán en la asignación de frecuencias para la 5G, porque sus empresas industriales no demuestran ningún interés por adquirir licencias privadas.

Agnes Pannier-Runacher, secretaria de Estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha declarado a la agencia France-Presse que la ausencia de una demanda clara de espectro 5G privado implica que no se reservará una asignación para terceros. En cambio, se otorgarán a las operadoras francesas derechos exclusivos para frecuencias 5G.

Es una política muy distinta de la que se ha llevado a cabo en Alemania, que ha suscitado polémica al reservar una porción considerable del espectro para las grandes firmas industriales del país. Dicha medida figura entre las muchas quejas presentadas por las operadoras contra los procedimientos de asignación de espectro para la 5G.

En marzo, Timotheus Hoettges, consejero delegado de Deutsche Telekom, se quejó de que una cuarta parte del espectro disponible para la 5G no se había asignado en la licitación en curso en Alemania, y que con ello se había creado una escasez artificial. Argumentó que, en última instancia, dicha escasez incrementaría los precios y dejaría a las operadoras sin fondos suficientes para construir sus redes.

Si bien no parece que exista demanda en Francia, todo apunta a que las firmas industriales alemanas sí están deseosas de solicitar licencias locales para la 5G. Reuters ha informado de que Volkswagen, BASF, Daimler y Siemens figuran entre las empresas interesadas.

La Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes), el organismo regulador alemán, prevé la asignación de licencias locales durante el segundo semestre de 2019. En una declaración efectuada en marzo, Jochen Homann, su presidente, afirma que la asignación directa de las frecuencias a la industria ha permitido que las redes “se construyan de acuerdo con las necesidades precisas de las empresas”.

Aparte del caso de uso en fábricas conectadas que siempre se suele sacar a colación, el organismo regulador cree que las licencias podrían beneficiar a los sectores de la agricultura y la silvicultura.