Tres días antes de que entre en vigor el ya famoso Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD, más conocido por las siglas inglesas GDPR), la patronal del sector de telecomunicaciones móviles GSMA ha pedido que se aplique un enfoque similar para renovar las normas sobre privacidad que afectan a las operadoras.

El GDPR impone nuevas normas al almacenamiento y uso de los datos de los consumidores por parte de las empresas en la UE. Según la GSMA, la nueva normativa ha sabido equilibrar los intereses de la industria y los del consumidor. Pero la entidad también afirma que la imposición de normas específicas a las operadoras de telefonía móvil supone una carga injusta para ellas.

La GSMA considera que las operadoras ya están sujetas a un número mayor de reglamentos que el resto de las firmas que trabajan en el espacio digital, y que la nueva regulación de privacidad electrónica (conocida por las siglas inglesas ePR) que está en proceso de aprobación por parte del Consejo Europeo debería subsanar dicha incoherencia.

La ePR es una propuesta de la Comisión Europea que debería reemplazar la normativa actual de privacidad electrónica. La nueva legislación cubre la provisión de servicios digitales, pero también tiene en cuenta las nuevas tecnologías –como Internet de las Cosas– que han emergido desde la adopción de la normativa de privacidad electrónica vigente hasta ahora, que data de 2002. Los planes para modernizar la normativa en 2016 provocaron un choque entre las operadoras y las firmas de Internet.

Daños

John Giusti (en la foto), director de regulación de la GSMA, explica que “las obligaciones específicas que contiene la propuesta actual de ePR de la Comisión Europea perjudicarían la capacidad de la industria del móvil móvil para innovar e invertir en tecnologías futuras tales como la 5G, Internet de las Cosas, inteligencia artificial y datos masivos”.

Añade que “regular la privacidad de los datos es esencial, pero la equidad en la competencia y la protección del consumidor exigen una aplicación coherente de dichas regulaciones de privacidad”.

La asociación argumenta que las propuestas de la ePR imponen excesivas restricciones al uso de metadatos por parte de las operadoras, lo que podría obstaculizar usos legítimos y discretos de la información, y –como resultado– frenar la innovación y ejercer un impacto negativo sobre la

sociedad y sobre el conjunto de la economía.

Giusti concluye que “Europa está necesitada de una mayor coherencia entre la ePR y el GDPR, a fin de proteger los derechos fundamentales de los individuos, y al mismo tiempo permitir el desarrollo tecnológico y estimular la inversión. Por otra parte, la falta de coherencia en las regulaciones europeas sobre privacidad podría perjudicar a largo plazo los intereses del consumidor, porque le negaría los potenciales beneficios de nuevos servicios de comunicaciones que puedan aparecer en el futuro.”