La Comisión Europea (CE) ha emprendido procedimientos judiciales contra una decena de estados miembros entre los que se encuentran España, Portugal y Suecia por incumplimiento de su obligación de adoptar su Reglamento de Comunicaciones Electrónicas.

Todos los estados miembros de la Unión Europea están obligados a transponer completamente en sus respectivas legislaciones nacionales las medidas del reglamento, que abarca una amplia gama de normas relacionadas con la industria de las telecomunicaciones, y luego informar a la CE cómo sus reglamentos han aplicado las partes relevantes.

Las normas citadas entraron en vigor en diciembre de 2018 y los países disponían de dos años para transponerlas.

En un comunicado, la CE recuerda que en febrero de 2021 abrió expedientes de infracción contra 24 países por incumplimiento y al cabo de siete meses contactó nuevamente a 18 de ellos porque los problemas continuaban.

Ahora la CE asegura que 10 todavía no han cumplido con sus obligaciones, por lo que remite el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que puede imponer multas por incumplimiento.

Junto a España, Portugal y Suecia, los otros países expedientados son Croacia, Eslovenia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía.

La CE afirma que el reglamento “moderniza las reglas de telecomunicaciones de la UE en beneficio de los consumidores y la industria al estimular la competencia, impulsar las inversiones, fortalecer el mercado interno y los derechos de los consumidores”.

Impone una serie de regulaciones en un gran número de áreas relacionadas con las telecomunicaciones, desde la duración mínima de las licencias de espectro hasta topes de precios de las llamadas internacionales.

Sin embargo, durante la tramitación legislativa algunas medidas fueron criticadas por la industria: la asociación ETNO describió en 2018 el reglamento como una “oportunidad perdida” y la GSMA lo calificó de “compromiso político”.