Japón podría seguir los pasos de Estados Unidos y adoptar medidas para impedir que las operadoras de telefonía móvil instalen equipamiento de las empresas chinas Huawei y ZTE, por considerar que son una amenaza para la seguridad nacional y podrían utilizarse en prácticas de espionaje.

Según The Wall Street Journal, los responsables de ciberseguridad de la oficina del Gabinete gubernamental japonés están realizando un estudio para aclarar si se precisarán regulaciones adicionales para reducir los riesgos de seguridad derivados del equipamiento para redes producido por empresas chinas.

Un representante ha declarado al periódico que se trata de un estudio preliminar y aún no se han tomado decisiones.

Hace unos días, Australia adoptó medidas de defensa de la seguridad nacional que en la práctica impiden que Huawei y ZTE participen en el despliegue de infraestructuras de tecnología móvil 5G en el país. Huawei ha criticado inmediatamente dicho veto y ha declarado que responde a intereses políticos, y que en último término perjudicará a los consumidores.

La empresa ha afirmado mediante una declaración que la prohibición no se debe a un “proceso de decisiones basado en hechos, transparente ni equitativo”, y que tampoco responde a “los intereses a largo plazo del pueblo australiano”, porque restringe el número de tecnologías disponibles.

Huawei también está siendo investigada por razones de seguridad en el Reino Unido, porque han surgido acusaciones de que usa programas envejecidos que le habría vendido una firma con sede en los Estados Unidos.

Hace escasos días, Huawei solicitó una audiencia con la Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio) estadounidense, con el objeto de cuestionar las políticas con que los gobernantes estadounidenses tratan de expulsarla del mercado. Ha presentado un informe en el que argumenta que las medidas adoptadas recientemente por el Congreso de los EEUU y la Comisión Federal de Comercio (FTC) para vetar la utilización de su equipamiento de telecomunicaciones son injustas y dañan la libre competencia, con lo que se reducirá la innovación y se elevarán los precios que tiene que pagar el consumidor.