Ante la creciente preocupación por la seguridad cibernética en todo el mundo, el gobierno de Japón ha trazado planes para restringir la posibilidad de que firmas nacionales del sector de telecomunicaciones y TI puedan acabar en manos de propietarios extranjeros.

En una declaración a la que Reuters ha tenido acceso, los Ministerios de Finanzas, Comercio y Comunicaciones de Japón afirman que las nuevas normas, vigentes a partir del 1 de agosto de 2019, se aplicarán a 20 sectores de las industrias de información y comunicaciones del país.

No se mencionan los países y empresas afectados.

En la declaración se lee: “Basándonos en la creciente importancia que la seguridad cibernética ha adquirido durante los últimos años, nos hemos decidido a adoptar las medidas necesarias, incluida la adición de la fabricación de circuitos integrados, con el objetivo de impedir según proceda una situación gravemente lesiva para la seguridad nacional de Japón”.

Los ministerios añaden que quieren salvaguardar el equipamiento tecnológico desarrollado en el país que se considera importante para la seguridad nacional.

Conversaciones con Trump

Dichas medidas se adoptan poco después de que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, sostuviera conversaciones en Tokio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos presiona a sus aliados para que no utilicen equipamiento fabricado por empresas chinas en sus redes de telecomunicaciones, porque sospecha que lo utilizan para espiar al servicio del gobierno de la República Popular. Tanto China como Huawei han negado dichas acusaciones.

Con todo, Japón ya había adoptado enérgicas medidas contra los proveedores chinos Huawei y ZTE, porque ha aprobado nuevas regulaciones que prohíben a dichas firmas presentar ofertas para contratos gubernamentales. Las operadoras japonesas también han anunciado que no tienen planes para desplegar equipos de las mencionadas empresas chinas en sus redes 5G.

Reuters explica que Japón ya impone restricciones a la propiedad extranjera en ciertas industrias, como por ejemplo los sectores relacionados con la energía nuclear y la aviación. En virtud de la ley de control de comercio exterior y de divisas, los inversores extranjeros deben informar y someterse a una inspección si compran el 10% o más de las acciones de las empresas japonesas que cotizan en bolsa.