Huawei ha hablado sin tapujos sobre una decisión del gobierno australiano que a efectos prácticos le impide la instalación de infraestructuras de 5G, y ha declarado que dicha decisión responde a intereses políticos y perjudicará al consumidor.

El fabricante chino ha afirmado mediante una declaración que la decisión gubernamental no se debe a un “proceso de toma de decisiones basado en hechos, transparente ni equitativo”, y que no responde a “los intereses a largo plazo del pueblo australiano”, porque restringe el número de tecnologías disponibles.

Explica que “un mercado no competitivo incrementará los costes del despliegue de redes y tendrá efectos duraderos sobre la transición de Australia a la economía digital”.

La normativa promulgada por el gobierno australiano no contiene medidas específicas contra Huawei, ni contra la también china ZTE, pero descalifica a las empresas fabricantes “susceptibles de verse sometidas a directrices extrajudiciales de un gobierno extranjero”, a menos que dichas firmas puedan proteger sus redes 5G frente a “accesos o interferencias no autorizados”.

Huawei replica que la ley china no otorga al gobierno del país la potestad de exigir a las firmas de telecomunicaciones que instalen “puertas traseras o dispositivos de escucha”, ni que actúen de manera que “afecte a la seguridad del equipamiento de telecomunicaciones de otros países”.

En aparente respuesta a los políticos estadounidenses que han ordenado a los organismos estatales que no adquieran equipamiento de ZTE ni de Huawei, esta última firma observa que “una interpretación errónea y miope de la ley china no puede servir como base para albergar reservas acerca de las actividades” de la empresa. La firma ha desmentido que esté vinculada al gobierno chino y subraya que “jamás se le ha solicitado que lleve a cabo labores de espionaje para ningún gobierno”.

Presencia actual

Huawei ha invocado su condición de proveedor clave de infraestructuras 4G para las operadoras australianas y ha observado que “no existe una diferencia fundamental entre las arquitecturas de red 5G y 4G”, porque la red troncal y la de acceso “siguen estando separadas”. Ha afirmado que la tecnología de la siguiente generación está sujeta a medidas de protección de la privacidad y la seguridad más estrictas que las de sus predecesoras.

El fabricante arguye que la prohibición de facto perjudicará a consumidores y firmas, y puede que lleve razón. Paul Budde, asesor en telecomunicaciones, ha declarado a The Sydney Morning Herald que la prohibición podría elevar por lo menos en un 30% el coste de los equipamientos, y que las operadoras trasladarán dicho coste a los consumidores.

La empresa china entiende que un entorno competitivo saludable es un factor esencial para que cualquier país disfrute de un crecimiento económico sólido. Ha acusado al gobierno australiano de socavar “los principios de competencia y no discriminación en las actividades comerciales lícitas”.

Añade que el gobierno no ha expresado reservas específicas acerca de la “gobernanza, seguridad o adecuación de Huawei” que le impidan “conectar sin problemas de seguridad las empresas de Australia”, y que por ello no ha podido defenderse. El fabricante se ha comprometido a “mantener su colaboración con el gobierno australiano” y a “adoptar todas las medidas posibles” para proteger sus propios “derechos e intereses legales”.