El gobierno español ha exigido a las operadoras de telecomunicaciones que diversifiquen sus suministradores de red 5G, prescindiendo de equipamientos considerados de alto riesgo. Las empresas disponen de dos años para cumplir el requisito, que no afecta únicamente a las redes core.

El real decreto publicado la semana pasada establece que las opecradoras deberán garantizar la seguridad en la instalación, el despliegue y la explotación de las redes 5G públicas, y la prestación de sus servicios en condiciones de operación y supervisión seguras. En ellas no se podrán utilizar hardware, software ni servicios auxiliares de suministradores calificados de alto riesgo.

Si bien no se menciona a ningún fabricante, se indica que se analizarán los vínculos con los gobiernos de terceros países, la composición de su accionariado y la capacidad de terceros estados para presionar a la empresa sobre su actuación o ubicación. Fuentes del sector interpretan que estas condiciones apuntan directamente a la firma china Huawei, que ya sufre restricciones equivalentes en otros países.

Los equipos objeto de las condiciones deberán ser proporcionados por un mínimo de dos suministradores distintos, y las operadoras deberán someterse cada dos años a una auditoría externa de seguridad cuyo resultado se comunicará al gobierno.

Específicamente no podrán utilizar equipos de alto riesgo en los emplazamientos de móvil que ofrezcan cobertura a centrales nucleares, centros vinculados a la defensa nacional y ubicaciones y centros que el Consejo de Seguridad Nacional considere vinculados al mantenimiento de servicios esenciales o sectores estratégicos.

Fuentes del sector citadas por Cinco Días indican que el decreto puede obligar a las operadoras a sustituir equipos existentes de tecnologías anteriores.