Según Bloomberg, Brad Smith, presidente y responsable de asuntos jurídicos de Microsoft, ha emplazado a los Estados Unidos a proporcionar pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza contra la seguridad nacional e insiste en que el gobierno no ha justificado adecuadamente las acusaciones contra la firma china.

El directivo ha declarado a Businessweek, de Bloomberg, que la actuación del gobierno estadounidense contra Huawei es impropia de los EEUU, y que no existe motivo alguno por el que el fabricante chino no pueda adquirir tecnología de firmas estadounidenses, incluido Microsoft.

Si bien Microsoft ha solicitado detalles sobre el razonamiento en el que se fundamentan las sanciones, Smith añade que “a menudo la respuesta que obtenemos es: ‘Ah, si supierais lo que sabemos nosotros, estaríais de acuerdo’. Y lo que nosotros respondemos entonces es: ‘estupendo, explicadnos qué es lo que sabéis, para que podamos decidir nosotros mismos. Así es como funciona este país’.”

Afirma que decisiones tan importantes como una prohibición de exportar no pueden adoptarse sin “una fundamentación sólida en hechos, lógica y ajustada a la ley”, y que debería razonarse mejor.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sostiene que la dirección de Huawei está vinculada al Ejército chino y al Partido Comunista de China.

Huawei ha exigido reiteradamente a los organismos reguladores estadounidenses que justifiquen la prohibición y niega enérgicamente todas las acusaciones.

Marcha atrás

Aparentemente, Trump modificó hace pocos días su postura frente a Huawei y explicó que Estados Unidos no la incluiría en un posible acuerdo comercial con China. Dicha afirmación se contradice con declaraciones efectuadas en mayo en las que indicaba que un posible acuerdo afectaría a la empresa y presionaba para que se redujeran las restricciones a las firmas estadounidenses que suministran componentes y software a Huawei.

En mayo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos incorporó a Huawei a la lista negra de empresas a las que se prohíbe adquirir componentes a firmas estadounidenses, y que tampoco podrán suministrar equipamiento para las redes de telecomunicaciones del país. La prohibición entrará en vigor en noviembre.