El Instituto Nacional de Estadística (INE) pagará medio millón de euros a las tres principales compañías de telefonía móvil de España (Telefónica, Orange y Vodafone) a cambio de que le cedan los datos de ubicación de los teléfonos móviles de todos sus abonados durante ocho días. El organismo recibirá los datos de manera agrupada y anónima, por lo que, asegura, le será imposible determinar qué aparatos estaban en cada lugar en cada momento, ni tampoco quién es el titular. El objetivo es analizar la movilidad de los ciudadanos, tanto en días laborables como festivos y en diferentes épocas del año. Por ello, el estudio se desarrollará en diversos momentos: del lunes 18 al jueves 21 de noviembre, el domingo 24 del mismo mes, el día de Navidad y dos días del verano: el lunes 20 de julio y el sábado 15 de agosto, que es festivo. Según los datos que constan en la plataforma de contratación del sector público, recogidos por Efe, el INE pagará 185.000 euros a Orange, 164.000 a Telefónica y 150.000 a Vodafone.

Según el diario El País, que avanzó la información, para analizar los datos el INE dividirá el territorio español en 3.500 “casillas”, en cada una de las cuales habrá, al menos, 5.000 personas. Durante los días en que se lleve a cabo el estudio se observará en qué casillas se encuentran los teléfonos entre la medianoche y las 6 de la mañana, un dato que se tomará como referencia para determinar el lugar de residencia de cada usuario. A continuación, entre las 9 h y las 18 h se analizarán los desplazamientos entre casillas, que permitirán deducir donde trabajan o estudian las personas que viven en cada parte del territorio. El informe prevé utilizar otros datos complementarios para determinar qué usuarios trabajan de noche.

Toda esta información debería servir para averiguar, por ejemplo, cuántas personas trabajan en el mismo barrio donde viven, de donde procede la gente que trabaja en un lugar determinado o donde van de vacaciones los vecinos de una zona u otra. Esto, a su vez, puede ser útil para mejorar el diseño de las infraestructuras de transporte u otros servicios públicos.

El anuncio ha generado una polémica considerable entre usuarios indignados con el hecho de que el INE pretenda rastrear su ubicación. En realidad, sin embargo, la cesión de datos de las telecos a terceros (siempre de manera anónima y agregada, excepto en caso de orden judicial o de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional) es una práctica habitual. Las operadoras acumulan necesariamente datos sobre localización, pues así lo requiere la prestación del servicio de telecomunicaciones: deben saber a qué antena está conectado cada cliente en todo momento para saber dónde enviarle las llamadas, los mensajes y los bits de la conexión de datos).

Para explotar comercialmente los grandes volúmenes de datos que acumulan en su actividad, las compañías abrieron hace años una línea de negocio complementaria consistente en vender esta información, ya sea con divisiones propias (Vodafone Analytics y Telefónica Luca) o a través de distribuidores especializados en big data. Habitualmente, los clientes de estos servicios son empresas, entidades u organismos oficiales que quieren saber los patrones de desplazamiento de colectivos de interés. Por ejemplo, una cadena de tiendas que desea conocer el tránsito de peatones en una calle determinada para decidir si abre o no un nuevo local.

La única novedad en este caso, pues, es el amplio alcance de la medida, ya que afecta, en principio, a todos los clientes directos de las tres principales compañías españolas, que según la CNMC suman el 78% de los casi 54 millones de líneas móviles en servicio en España a finales de agosto. La única teleco de ámbito estatal que queda al margen es el grupo MásMóvil, que incluye marcas como Yoigo y Pepephone y tiene una cuota de mercado del 13%. Fuentes del sector aseguran que se trata del estudio de este tipo con un mayor alcance realizado hasta la fecha en Europa. 

Esquivar el rastreo

En realidad, sin embargo, incluso algunos clientes de las operadoras incluidas en el estudio pueden evitar que sus datos lleguen al INE. Vodafone recordaba a través de su cuenta oficial de Twitter que su aplicación ofrece la opción de desactivar la cesión de datos a terceros. Orange también ofrece esta posibilidad. Además, las OMV (8,5% del total de líneas) que utilizan las redes de las tres grandes telecos también quedan fuera del estudio.

Ante la inquietud generada, la Agencia Española de Protección de Datos ha explicado que ha pedido al Instituto de Estadística “información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles” . En cualquier caso, el uso de datos personales para fines estadísticos, siempre que se utilicen de manera agregada y anónima, está amparado por el reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea, que entró en vigor el año pasado.