Según la información disponible, la Cámara de Representantes estadounidenses votará un nuevo proyecto de ley de defensa que podría destinar una suma de más de 3.000 millones de dólares (unos 2.900 millones de euros) a las firmas de telecomunicaciones del país, con el objetivo de financiar la retirada y la sustitución del equipamiento fabricado por las empresas chinas Huawei y ZTE.

Dicha votación figura entre numerosas disposiciones previstas en un informe de 1.800 páginas sobre China al que Reuters ha tenido acceso. Al parecer, el documento refiere una evaluación de los servicios de inteligencia sobre el estado de las capacidades biotecnológicas de China y un análisis de los presuntos esfuerzos chinos por eludir las normas de seguridad estadounidenses.

La financiación del programa estadounidense para la retirada de equipamiento chino y la sustitución del mismo ha sido motivo de controversia. Jessica Rosenworcel, presidenta de la FCC (siglas inglesas de Comisión Federal de Comunicaciones, un organismo regulador estadounidense), lleva tiempo presionando para que su gobierno apruebe una financiación de más de 3.000 millones de dólares a la retirada de equipamiento considerado un riesgo para la seguridad.

En mayo informó de que casi el 40% de los participantes en el programa afirmaban que no podrían llevar la sustitución a buen término si no se les suministraba financiación adicional.

Hace poco insistió en la misma cuestión. Afirmó que el programa de sustitución de equipamiento en las redes de 126 operadoras se enfrenta a un déficit de unos 3.000 millones de dólares y hace “peligrar la seguridad nacional y la conectividad de los consumidores rurales que dependen de dichas redes”.

De aprobarse el proyecto de ley, las operadoras que atienden a menos de 10 millones de clientes podrían acceder a compensaciones por la retirada de equipamiento de origen chino. Se ha asignado al programa un total de 1.900 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros), pero la FCC calcula que el coste total podría ascender a casi 5.000 millones de dólares (unos 4.800 millones de euros).

En 2023, el gobierno del presidente Joe Biden solicitó 3.100 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) para financiar el reemplazo, pero el Congreso no aprobó la petición.