Las licitaciones de espectro radioeléctrico asignado a telefonía móvil se generalizaron en la década de los años noventa. Desde entonces, suelen dar pie a uno de estos dos titulares: o un “gran éxito con el espectro” cuando se recauda más dinero del esperado, o “pérdidas gubernamentales” porque los ingresos no han estado a la altura de las expectativas. En relación con ello, los precios récord que las operadoras de Reino Unido y Alemania pagaron hace casi 20 años por el espectro 3G aún parecen influir sobre las previsiones de los gobiernos y analistas del sector.

Pero al analizar las concesiones de espectro no debemos perder de vista sus consecuencias sobre los consumidores.

El debate sobre esta cuestión persiste desde hace años y se han producido muchas discusiones sobre teoría económica y reducción de costes. ¿Los elevados precios del espectro –sobre todo si se deben a políticas gubernamentales, más que a la demanda del mercado– influyen en las sumas que las operadoras invierten en sus redes y en los precios que cobran a sus abonados? ¿O bien es posible financiar servicios públicos mediante licitaciones de espectro sin perjudicar a los consumidores de telefonía móvil?

De hecho, apenas si disponemos de evidencias sobre la repercusión de los precios del espectro sobre los consumidores. Por lo general, las investigaciones no son concluyentes. Por ello, hemos publicado hace poco un estudio que aísla el impacto de los precios del espectro sobre las condiciones que afectan al consumidor, como por ejemplo la cobertura de la red, su calidad y los precios de la telefonía móvil. Un estudio efectuado sobre una muestra de 229 operadoras en 64 países (tanto mercados en vías de desarrollo como desarrollados) durante el período 2010-2017 halla claras evidencias de un vínculo causal entre precios elevados del espectro y resultados negativos para el consumidor. Más específicamente, concluye que:

  • Los elevados costes del espectro han desempeñado un papel importante en la desaceleración del despliegue de redes móviles de la siguiente generación tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo;
  • El espectro más costoso reduce la calidad de la red, evaluada de acuerdo con las velocidades y las latencias de carga y descarga;
  • Los países que liberaron espectro antes y en grandes cantidades han experimentado un despliegue más rápido de las redes 3G y 4G que los que lo han liberaron más tarde y/o en cantidades menores;
  • El espectro costoso se asocia con precios más elevados para los consumidores en los países en vías de desarrollo, aunque en este caso los datos no son concluyentes y se precisan nuevas investigaciones.

¿Qué significa todo esto para la política sobre espectro?

Ante todo, se aplica un adagio habitual entre los economistas, que dice que “el almuerzo nunca sale gratis”. Los gobiernos pueden maximizar los ingresos provenientes de las licitaciones de espectro si así lo desean, pero con plena conciencia de que dicha política tendrá un impacto negativo en el desarrollo de los servicios de telefonía móvil. Ese enfoque es incompatible con otras políticas que persigan ampliar el acceso a la 4G y la 5G como motores del crecimiento económico y el desarrollo sostenible. En última instancia, los responsables políticos deberán tomar una decisión sobre los riesgos y los beneficios que se darán en cada caso.

En segundo lugar, las licitaciones mal diseñadas pueden dar lugar a malos resultados. Así, por ejemplo, en relación con los precios de reserva. Si son demasiado elevados, puede ocurrir que el valioso espectro no se venda, como ocurrió en India (2016), Bangla Desh (2018) y Ghana (2015 y 2018), o bien que las operadoras paguen más de lo que pagarían en otras circunstancias. También puede ocurrir que los gobiernos limiten artificialmente el suministro de espectro a las operadoras, por ejemplo al excluir ciertas porciones de espectro (como en la licitación alemana de 3,5 GHz en 2019) o al ofrecer lotes grandes y desiguales (como en la licitación italiana de 3,5 GHz en 2018). La lección que se desprende de todo ello es que las licitaciones no ofrecerán automáticamente un resultado eficiente si están concebidas para lograr varios objetivos a la vez. Los responsables políticos tienen que fijar sus prioridades.

Por último, el espectro debe salir al mercado tan pronto como exista un caso de negocio que permita su uso por parte de las operadoras. En un mercado donde los ciclos tecnológicos que impulsan el valor a largo plazo, la innovación y las reducciones de costes son cortos (el lanzamiento de la 5G se está produciendo cuando aún no han transcurrido diez años desde las primeras redes 4G LTE), las demoras innecesarias en la concesión de espectro amenazan con perjudicar el despliegue de las redes y dejar atrás a las personas. Una actualización constante de la hoja de ruta para el espectro también alivia la incertidumbre.

A medida que avanzamos hacia la era de la 5G, muchos países se mantendrán en la tentación de maximizar los ingresos procedentes del espectro. A menudo, las ganancias potenciales son demasiado grandes como para ignorarlas. Pero si los gobiernos quieren garantizar que el espectro se utilice en servicios móviles asequibles y de alta calidad en beneficio de los ciudadanos, lo más adecuado es que las operadoras paguen precios de mercado que no se vean distorsionados por la estructura de las licitaciones y otras decisiones políticas.

Sabremos que avanzamos en la dirección correcta cuando los ingresos “altos” o “bajos” de las licitaciones dejen de aparecer en los titulares y no generen más interés en los medios que otros aspectos de las políticas de gestión gubernamentales.

Kalvin Bahia – Economista – GSMA Intelligence

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