Los políticos europeos han llegado a un acuerdo provisional sobre la propuesta de Ley de Infraestructuras Gigabit (conocida por las siglas inglesas GIA), cuyo objetivo es acelerar el despliegue de las redes de comunicaciones de nueva generación en la Unión Europea (UE).

El acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento se ha alcanzado dos meses después de que la Comisión Europea (CE) presentara una serie de propuestas para acelerar los despliegues de 5G y de fibra, y reducir los costes asociados a la construcción de las correspondientes infraestructuras.

La nueva ley sustituirá una directiva de reducción de costes de la banda ancha vigente desde 2014.

Las autoridades europeas han señalado en una declaración conjunta que el acuerdo “mantiene la orientación general de lo propuesto por la Comisión”, si bien se han modificado algunos aspectos.

Así, por ejemplo, se ha introducido un “mecanismo de conciliación” obligatorio entre el sector público y las operadoras, a fin de mejorar los procedimientos de concesión de permisos para la planificación de infraestructuras.

Las autoridades también han concedido a municipios europeos de menores dimensiones un plazo más amplio para facilitar información sobre el acceso conjunto a las infraestructuras físicas ya existentes, así como para la adopción de “disposiciones específicas” que fomenten la conectividad en zonas remotas.

Además, la CE y el Parlamento prorrogarán los límites de precios que expiran en mayo para las llamadas y los servicios de mensajería intracomunitarios.

La propuesta acordada se someterá al examen de ambas instituciones y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE). La nueva ley se aplicará al cabo de 18 meses, si bien algunas disposiciones específicas esperarán hasta una fase posterior.

Ciertas cláusulas del proyecto han suscitado críticas de las asociaciones del sector de telecomunicaciones europeo, sobre todo las relacionadas con los procedimientos de autorización y la posible supresión de los recargos por comunicaciones intracomunitarias.