Google ha cerrado un acuerdo por el que abonará 391,5 millones de dólares (unos 377 millones de euros) en Estados Unidos para poner fin a una investigación emprendida por cuarenta estados ante las acusaciones de que el gigante tecnológico rastrea ilícitamente la ubicación de los usuarios y la utiliza en su negocio de publicidad digital.

Dana Nessel, fiscal general de Michigan, y otros treinta y nueve fiscales generales han emitido una declaración en la que explican que el acuerdo se ha alcanzado tras una investigación de cuatro años.

Además de dicho pago, se exigirá a Google que proceda con mayor transparencia e informe a los usuarios sobre la utilización de sus datos de ubicación, y les explique cómo cambiar la configuración de la cuenta en el caso de que deseen desactivar la función, limitar la recogida de datos y eliminar la información ya acumulada.

Los fiscales generales lanzaron la investigación en 2018 después de que un artículo publicado por Associated Press denunciara que Google registraba los desplazamientos del usuario “aunque este hubiera pedido explícitamente que no se hiciera”. Dicho artículo se refería específicamente al historial de ubicaciones de la firma y a la configuración de la actividad en la web y la aplicación.

Nessel ha explicado que la ubicación es un elemento clave en el negocio de publicidad de Google, puesto que la empresa se sirve de los datos personales y de comportamiento que recopila para construir perfiles detallados de los usuarios y se basa en estos últimos para mostrarles publicidad.

La fiscal general considera que “los datos de localización se hallan entre la información personal más delicada y valiosa que recoge Google. Incluso un volumen limitado de datos de localización puede exponer la identidad y las rutinas de una persona, y permite inferir detalles personales.”

Google se enfrentó anteriormente a una investigación similar en Arizona. En octubre acordó un pago de 85 millones de dólares (unos 82 millones de euros) para resolver el caso.