El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a Uber que cese su actividad en todo el territorio español por considerar que constituye competencia desleal para los taxistas con licencia. Barcelona, Madrid y Valencia son las tres ciudades españolas en las que está disponible el servicio UberPOP de la empresa californiana, que convierte en chófer de alquiler a cualquier conductor particular con coche y un smartphone provisto de su aplicación, al servicio de pasajeros que contratan trayectos desde su teléfono.

El juez ha actuado cautelarmente a instancias de la Asociación Madrileña del Taxi, prohibiendo a Uber la contratación de servicios de transporte de viajeros tanto con su aplicación móvil como a través de su web. Asimismo, ha prohibido a las empresas de medios de pago que suspendan todas las operaciones de pago de los servicios de Uber y a las operadoras de telecomunicaciones que se abstengan de transmitir, alojar datos y prestar servicios a la firma norteamericana.

Portavoces de la firma en España han considerado “altamente inusual el procedimiento judicial comercial” y aseguran que “UberPOP es nuestra solución innovadora que permite a los ciudadanos compartir los costes de su vehículo con otros particulares, ofreciendo viajes cercanos, seguros y eficientes y seguirá estando disponible para nuestra comunidad de usuarios en España. Dar la opción de mover a más personas con menos coches es positivo para el medio ambiente y para nuestras ciudades”. Según Uber, “el fallo es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada.”

Uber opera en diversas modalidades en unas 200 ciudades de todo el mundo, en muchas de las cuales se enfrenta a la oposición de los servicios de transporte de pasajeros ya establecidos. En Barcelona, la primera ciudad española a la que llegó UberPOP, el gobierno regional de la Generalitat prepara una ley de acompañamiento a los presupuestos que contempla sanciones contra las empresas de la denominada ‘economía colaborativa’ o ‘entre pares’ como AirBnb o la propia Uber, introduciendo la figura del ‘mediador’ como posible infractor. En el caso de Uber, los conductores podrían recibir multas de hasta 6.000 euros y ver inmovilizado su vehículo.

Sharing España, nuevo lobby del sector

Precisamente este miércoles se presenta en Madrid Sharing España, una agrupación de 24 empresas del sector de la economía colaborativa en el seno de la patronal Adigital, con el fin de establecer puentes de diálogo con las administraciones y transmitir al público el mensaje sobre el impacto positivo de estas iniciativas en la sociedad y la economía. Los promotores del grupo calculan que en España existen unas 400 empresas de este tipo o que comparten alguno de sus elementos.

Según el diario Ara, el núcleo inicial de Sharing España está formado por las empresas Trip4Real, WeSmartPark, SocialCar, BlaBlaCar, EatWith, MangoPay, AlterKeys, Avancar, Bluemove, Cabify, ChicFy, Communitae, Etece, Eurasmus, Gigoing, MyFixpert, Rentalia, Respiro, Sherndipity, Suop y Traity, además de Airbnb. En cambio, entre ellas no figura Uber.