El regulador antimonopolio de Alemania ha solicitado a la Comisión Europea que le permita revisar la operación de 8.600 millones de euros por la adquisición del operador E-Plus, del grupo operador holandés KPN, por parte de Telefónica.

La Comisión Europea ha confirmado a The Wall Street Journal que también recibió un recordatorio por parte del Ministerio Federal de Economía y Tecnología (Bundeskartellamt) pidiendo incrementar su capacidad de supervisión sobre el acuerdo, en detrimento del regulador europeo.

En diciembre, la Comisión Europea abrió, según sus propias palabras, una “investigación en profundidad” sobre el acuerdo, rechazando por omisión la petición inicial del organismo alemán de revisar la operación.

Los funcionarios del Bundeskartellamt creen que el acuerdo sólo afectará al mercado nacional, mientras que los de Bruselas opinan que tendrá un impacto mucho más amplio.

Entre las preocupaciones se incluye el hecho de que el acuerdo reducirá de cuatro a tres el número de operadores de telefonía móvil en el mercado alemán, lo que supondrá una reducción de la competencia y un incremento de precios. La nueva entidad pasaría a liderar el mercado en términos de clientes, por delante de Deutsche Telekom y Vodafone.

En consecuencia, los otros dos operadores podrían tener menos incentivos para conceder el acceso a sus redes a los operadores móviles virtuales y otros proveedores de servicios. Los operadores móviles virtuales también dispondrían de menos opciones en lo referido a redes sobre las que prestar sus servicios, debilitando su capacidad de negociación.

Las reglas de la Unión Europea sobre concentración empresarial permiten a los organismos nacionales de la competencia solicitar un recordatorio de la demanda inicial a fin de revisar el acuerdo. Y esta opción puede solicitarse incluso después de que la Comisión Europea haya iniciado una investigación.

Un representante de la Comisión ha indicado a The Wall Street Journal que el organismo tiene tiempo hasta el 12 de febrero para decidir si acepta o rechaza la citada solicitud.

Si la petición es rechazada, la Comisión Europea deberá deberá tomar una decisión antes del 14 de mayo, 90 días hábiles después de la puesta en marcha de la investigación.