Las autoridades peruanas han presentado una propuesta normativa sobre la rerordenación del espectro radioeléctrico. La medida, denominada en inglés refarming, tiene como objetivo promover la implantación y el uso de servicios de telecomunicaciones en el país, así como favorecer la competencia entre firmas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú afirma que la reorganización de las frecuencias es un paso imprescindible para mejorar la eficiencia de las asignaciones actuales de espectro. El refarming contribuirá a incrementar el valor del espectro y beneficiará con ello a los usuarios finales. Una declaración del Ministerio afirma que ese es el “eje central de cualquier real política de espectro”.

Por otra parte, el Ministerio ha abierto una ronda de consultas que concluirá a finales de agosto, con la que quiere conocer las opiniones de empresas y ciudadanos sobre el proyecto.
Algunos de sus elementos clave son la ampliación de los requisitos de cobertura incluidos en los términos de la licencia, en el caso de que el proceso de refarming comporte una valoración más elevada de frecuencias particulares. Según el Ministerio, dichas obligaciones afectarían sobre todo a “zonas carentes de servicio o con poca cobertura”.

El Ministerio añade que cualquier reorganización que se lleve a cabo tendrá también como objetivo facilitar la actualización y mejora de las tecnologías de acceso a Internet, en sintonía con el propósito de la ONU de declarar que dicho acceso es un derecho humano básico.

El Ministerio afirma que su propuesta se enmarca en una “sana política de transparencia” y establece “criterios objetivos y metodología predecible”. Promueve que “las asignaciones o reordenamientos de frecuencias incentiven la competencia y el mayor beneficio social y económico”.

Perú cuenta con cuatro operadoras móviles: Bietel, una marca de Viettel; Claro, de América Móvil; Entel; y Movistar de Telefónica. GSMA Intelligence estima que a finales del segundo trimestre había un total de 39,5 millones de conexiones en el país, y que la implantación se halla en el 71,5% de la población.