La CMA (siglas inglesas de Autoridad de Competencia y Mercados, organismo regulador del Reino Unido) ha elaborado un informe sobre la propuesta de adquisición de Arm por parte de Nvidia y lo ha entregado al Secretario de Estado para Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes. Ahora el Secretario deberá pronunciarse sobre la posibilidad de que dicha adquisición, cuyo precio se estima en unos 40.000 millones de dólares (casi 34.000 millones de euros), perjudique al interés público.

En abril, el Secretario de Estado intervino en la propuesta de adquisición por motivos de seguridad nacional y solicitó a la CMA que elaborara un informe.

La CMA declaró el pasado martes 20 que el informe evalúa la posibilidad de que la operación perjudique a la competencia, y que en él se resumen las preocupaciones sobre seguridad nacional planteadas por terceros.

Nvidia se ha comprometido a mantener la independencia de Arm en caso de efectuarse la adquisición. Arm concede licencias sobre sus diseños a múltiples fabricantes de chips y los reguladores quieren saber si la empresa estadounidense recibiría trato preferente.

La operación está pendiente de aprobación por parte de las autoridades del Reino Unido, la Unión Europea, los Estados Unidos y la República Popular China.

Otros fabricantes de chips se han manifestado en contra del acuerdo, y algunos han indicado que estarían dispuestos a invertir en Arm si finalmente Nvidia no compra la empresa.

Intel y Qualcomm han expresado su interés por adquirir Arm –en su totalidad o tan solo en parte– a SoftBank Group, que cerró el acuerdo con Nvidia en 2020.

Por aquel entonces, SoftBank perdía dinero y necesitaba efectivo con urgencia, pero los beneficios récord de su cuarto trimestre fiscal (primer trimestre de calendario) superan la cantidad que podría obtener con la venta de Arm a Nvidia.

Otros fabricantes de chips respaldan el acuerdo. The Sunday Times cita como ejemplos a Marvell, MediaTek y Broadcom.

Bloomberg informa de que Google y Microsoft están instando a los reguladores de la competencia estadounidenses a impugnar el acuerdo.